El gobernador Sergio Salomón Céspedes, descartó que la exsecretaria de Estado y ex senadora por el PAN, Patricia Leal Islas sea asesora del Gobierno Estatal, una vez que trascendió que ex morenovallistas están implicados en la devolución que el Gobierno del Estado tuvo que realizar al SAT por de 2 mil 700 millones, “entre la amistad y la aplicación de la ley, siempre optaré por la aplicación de la ley”.
Reiteró que el Gobierno del Estado llegará hasta las últimas consecuencias y contra quien resulte responsable, por el mal proceso administrativo que derivó en un crédito fiscal y que ocasionó que se pagarán 2 mil 700 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Abundó que su antecesor y ahora fallecido, Luis Miguel Barbosa Huerta, “defendió con todo” este recurso a través del litigió que fue heredado desde el 2018, y sorteó varias de las etapas, por lo que si no se dio a conocer anteriormente fue por lo mismo, pero se tuvo que tomar una decisión este año.
Sostuvo que mantener el proceso se implicará un monto mensual de 30 millones de pesos, por lo que optaron por pagar, ya que el mal manejo que se dio por gobiernos del PAN solo genero beneficios al despacho “Sistemas LAC”, que fueron los que asesaron en dicho tema.
Por ello, afirmó que tanto él como la titular de la Secretaría de Finanzas harán gestiones ante la Federación y as dependencias para poder tener recursos para programas y proyectos de Puebla, a la par de que se actuara contra quienes estén involucrados en esta afectación presupuestal.
El mandatario estatal, dijo que Patricia Leal Islas no es su asesora, reconoció que es su amiga desde que coincidió con ella desde la 59 Legislatura local.
Ante los trascendidos de que trabaja con él Patricia Leal, quien se desempeñó como secretaria de la Controlaría en la administración de Rafael Moreno Valle, convocó a que haya verdad en la publicación de la información.
Sin embargo, dijo que, entre la amistad y la aplicación de la ley, siempre optará por la aplicación de la ley, luego de la devolución de 2 mil 600 millones de pesos a la federación, en la que funcionarios morenovallistas estarían involucrados.
