El Gobierno del Estado pagó 2 mil 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un litigio, derivado de una irregularidad ocasionada por una obligación fiscal suscitada en el 2015, cuya administración estaba encabezada por Rafael Moreno Valle, reveló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Aclaró que este caso que estuvo en litigio, lastima e indigna el futuro de muchas generaciones y acciones que desarrollaría el Gobierno Estatal actual, sin embargo, dijo que no se hará uso de ninguna línea de crédito o endeudamiento.
“La semana pasada tuvimos que pagar 2 mil 700 millones de pesos en promedio a la Secretaría de Hacienda, por un manejo indebido, por un descuido o por una falta de pago no se sí apropósito o no, con una intención que lacera al Estado y nos mueve para generar otro tipo de proyecciones”.
En este sentido, la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, explicó que el Gobierno del Estado tuvo que cumplir con una obligación fiscal que tuvo su origen en el 2015, tras la contratación de un despacho de Asesoría Fiscal denominado Sistemas LAC.
El despacho le recomendó al entonces gobernador Rafael Moreno Valle, cuyo secretario de Finanzas era Roberto Moya Clemente, actual senador, realizar una gestión ante el SAT para solicitar la devolución de impuestos de los años 2009 y 2010, de la gestión de Mario Marín Torres.
El SAT a finales de 2015 devolvió a la gestión de Rafael Moreno Valle una parte de los impuestos y lo mismo hizo en el 2016, por una suma de las dos devoluciones de 702 millones de pesos.
En el 2018 el SAT señaló que la devolución de los 702 millones de pesos fue incorrecta, por que se hizo con una ley de 2008, cuando Puebla aún no estaba adherida a las disposiciones fiscales.
Incluso el estado de Puebla se sumó a las disposiciones hasta el 2011, y al no tener la legalidad, la autoridad federal tomó el acto como dolo y determinó un crédito fiscal.
Al final, obligó a la administración de ese entonces a pagar o litigar el caso, y decidieron litigarlo, que concluyó obligando al Estado pagar 2 mil 700 millones de pesos.
Y para no heredar conflictos ni desequilibrios financieros en las siguientes generaciones, se hizo análisis, y por ello, se determinó pagar los 2 mil 700 millones de pesos.
Ante estos hechos, la secretaria dijo que se llevará a cabo las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades contra quienes resulten causantes de las omisiones, y se dará seguimiento legal hasta las últimas consecuencias.
Admitió que esta situación no estaba prevista y genera una presión y por ello, decidieron pagar y tener una disciplina de austeridad y obligaciones.
Finalmente, Teresa Corro, subrayó que se van a cumplir con todas las obligaciones del Gobierno.
En conferencia de prensa, Salomón Céspedes calificó dicha situación como lamentable al afectar a Puebla, una vez que aseveró que acudirá a la SHCP y a la Federación para obtener mayores recursos y generar mejores condiciones para el Estado.
