Para evitar un quebranto a las arcas estatales, el Gobierno del Estado agotó todas las instancias jurídicas, y evitar que perdiera 2 mil 700 millones de pesos que pago al SAT por evasión de impuestos cometidos en la administración morenovallista, sostuvo el gobernador Sergio Salomón Céspedes.
Sostuvo que el Gobierno del Estado se encargó de responder por las acciones de la administración panista que encabezó Rafael Moreno Valle, que dejó de entregar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria, lo que generó evadir su responsabilidad y provocó una acumulación millonaria.
Abundó que la responsabilidad de origen fue la contratación de la empresa Sistemas LAC S.A. de C.V., la cual sugirió a la administración encabezada por Rafael Moreno Valle evadir impuestos.
“El origen de esto está en el haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos, fue el tema evadirlos, no pagarlos, y en su momento les vendió una fórmula maravillosa, el estado en su momento decidió no hacerlo y entonces dejó de pagar impuestos”.
Sostuvo que desde la administración interina que encabezó Guillermo Pacheco Pulido hasta el gobierno de Luis Miguel Barbosa, se litigó y se agotaron todas las instancias jurídicas, para evitar un descalabro a las finanzas.
Por su parte, en consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado, Jonathan Ávalos Meléndez, detalló que la Procuraduría Fiscal del estado llevó el juicio en contra del Sistema de Administración Tributaria, la cual perdió en última instancia.
Señaló que en el 2019, durante el interinato a cargo de Guillermo Pacheco, el gobierno del estado obtuvo una nulidad lisa y llana en contra del crédito fiscal fincado por el SAT, contra el cual la autoridad federal promovió un recurso de revisión fiscal y un tribunal colegiado en materia administrativa revocó esta determinación.
Esta situación derivó que la Procuraduría Fiscal interpuso un amparo directo como “última instancia y último juicio de control constitucional”, el cual fue resuelto en contra del estado y confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
